En el transcurso de las jornadas se continúo el debate en torno a cuestiones ya tratadas durante el primer encuentro y, a su vez, se profundizaron otras que había sido mencionadas tangencialmente durante la primera reunión. Algunas de ellas fueron:
El rol que debe cumplir el Estado en relación al campo cultural. A partir de esta problemática se generaron diferencias entre los distintos grupos que concurrieron sobre la manera de interactuar con el Estado:
1. En primer lugar, quienes proponían concentrarse en la legislación cultural del municipio para modificarla en aras de establecer criterios de selección de las prácticas, asignación de recursos y administración del espacio público. En relación a ello, se proyecta presentar una petición para solicitar al Instituto Cultural de
2. En segundo término, aquellos que pretenden aprovechar la grietas que se generan en el Estado para hacer posible sus prácticas culturales manteniendo una cierta autonomía.
3. Por último, quienes, sin desconocer la ingerencia del Estado en las cuestiones culturales, prefieren mantener sus prácticas al margen de las políticas públicas, evitando toda forma de financiamiento, regulación y agencia estatal.
El concepto de cultura también generó tensiones entre quienes intervenían asimilando arte y cultura (las problemáticas quedaban restringidas, entonces, a la producción y la recepción artísticas) y quienes lo hacían basándose en una idea antropológica de cultura. De esta manera, se planteaba la disyuntiva en torno a los distintos modos de relación entre los gestores-productores culturales y los grupos sociales que éstos a los cuales pretenden llegar. En este punto, las propuestas se diversificaban abarcando posibilidades tales como la realización de “encuestas de público”, “censos de necesidades barriales” (que exceden lo netamente artístico), “mapeos culturales”, etc. La pregunta subyacente a todos estos planteos era, precisamente, el rol del productor cultural en un arco que se desplegaba entre “el artista iluminado” y el trabajador social.
Esta misma tensión en torno al concepto de cultura se desplazó a la discusión específica sobre la cuestión del espacio público y las distintas prácticas culturales que tienen lugar en él: ¿se reducen a la instalación de monumentos y la elaboración de murales o también podemos considerar aquellas prácticas que exceden la lógica exhibitiva? El hip hop, la murga y la creación de talleres y comedores escolares ocupan y construyen espacio público tanto como una escultura o una intervención artística. Ante esta disyuntiva se reveló la dificultad de encontrar un lenguaje común entre los asistentes produciéndose una e ruptura entre los “artistas” y los grupos cuyas actividades superaban ese tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo garantizar el espacio público para que no exista una dicotomía entre lo que logra institucionalizarse y lo que permanece en los bordes?; es más: ¿de que manera asegurar las condiciones de posibilidad para que todas las propuestas puedan ocupar un lugar público?, ¿asignando una partida que financie aquellos proyectos que no han sido institucionalizados? Y esto, ¿no resulta un tanto ingenuo en tanto persisten criterios de selección establecidos de acuerdo a los intereses del gobierno de turno?
En relación a esto último, se planteó insistentemente la cuestión de la distribución de los recursos del Estado (presupuesto, espacios, legitimidad) atendiendo especialmente a los marcos regulatorios que permitan dar lugar a la heterogeneidad de las prácticas contemporáneas. En este sentido, se mencionó la posibilidad de formar consejos consultivos (en distintos formatos) que ejerzan las funciones de consulta y contralor de las políticas públicas. Ahora bien: ¿cómo se elegiría a los integrantes y de qué forma funcionaría tal organismo? Por otra parte, se planteó la necesidad de definir una identidad, un perfil, para la ciudad en base al cual puedan establecerse los criterios de selección y evaluación que las instituciones culturales deban utilizar para determinar sus políticas. En este sentido, se torna importante la investigación histórica sobre cuestiones locales tanto desde la universidad como desde los museos de Bahía Blanca.
Otra línea de debate fue el vínculo entre el artista y la gestión, ¿es deseable que el artista incursione en la gestión cultural o es preferible que se mantenga una división del trabajo cultural? En la actualidad y más allá de lo deseable, las condiciones socio-político-económicas impelen al artista que quiere producir a no limitarse sólo a la realización de obras sino también a transformarse en gestor.
A manera de balance/apreciaciones personales (de la tres)
Nos pareció que el debate se concentró demasiado en la cuestión de la institucionalización y de la regulación de las prácticas culturales, resultando, de esta manera, desplazado el carácter de intercambio y de construcción de redes que se presentaba como uno de los objetivos primordiarles de estos encuentros. Esto parece sostenerse en una concepción del espacio público limitada que reservaba su construcción al Estado. Quizás hubiera sido interesante enfatizar la manera en que cada uno de los proyectos se preocupa por construir ellos mismos ese espacio público y, a su vez, reflexionar sobre las formas en que, manteniendo esas lógicas de actuación, pueden abandonar una posición de marginalidad por vías alternativas a las estatales. Es decir, que sus prácticas puedan adquirir un verdadero sentido social aún sin contar con los resortes institucionales.
Por último, queríamos rescatar las diferentes maneras a partir de las cuales los asistentes piensan el perfil y la función debería cumplir Mil Macetas de acá en adelante: ¿debe volcarse a la práctica y elaborar proyectos de intervención sobre cuestiones concretas de la realidad?, ¿es necesario que todos se agrupen detrás de un único proyecto que les otorgue identidad?, de esta manera, ¿Mil Macetas no pasaría a ser un grupo más perdiendo potencial como lugar de encuentro y reflexión?, ¿debe, entonces, quedarse en el debate y enfatizar la dimensión política del intercambio?
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